Javier Milei y sus medidas, en vivo: Bullrich se volvió a diferenciar e hizo referencia a “los límites del Ejecutivo”
El agua de 14 millones de personas es la joya del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno, y esta mañana empezó a tener nombre y apellido. A las 10, se abrieron los sobres elec...
El agua de 14 millones de personas es la joya del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno, y esta mañana empezó a tener nombre y apellido. A las 10, se abrieron los sobres electrónicos de la primera etapa de la licitación por el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y quedaron a la vista los dos grupos locales que van por la empresa.
Las propuestas confirmadas fueron una que corresponde al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A. La otra fue presentada por Roggio ROAS S.A.U. “y otros”. Según el acta de apertura, 17 participantes estaban registrados en el proceso. La licitación se encuadra en la ley Bases y en la ley de reforma del Estado de 1989.
A través de un comunicado, el Gobierno anunció que aprobará mediante un decreto presidencial el nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que comenzará a regir a partir de 2027. Según detalló el Poder Ejecutivo, el objetivo será incorporar reglas permanentes para “profesionalizar” a quienes integran el sistema y se implementarán cambios, como ascensos por desempeño y valores de capacitación actualizados.
“Por primera vez, tendrá un proceso de ingreso abierto y transparente y una carrera profesional basada en parámetros objetivos. sentará las bases para construir un Cuerpo de Inteligencia integrado por los mejores perfiles, despolitizado y preparado para defender los intereses de la Argentina”, señaló.
ATE EXIGIRÁ UN EXAMEN MÉDICO PARA CONOCER EL ESTADO DE SALUD DEL PRESIDENTE!!
LOS DESEQUILIBRIOS DEL PRESIDENTE SON MUY EVIDENTES!!!
No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que @JMilei PADECE ALGÚN TIPO DE PSICOSIS, y su salud no es exclusivamente privada… pic.twitter.com/l8ul6y7Pnz
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó este martes que el presidente Javier Milei “padece algún tipo de psicosis” y anunció que el gremio presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer si el mandatario se encuentra “apto” para ejercer su cargo.
A través de una publicación en X, Aguiar indicó que los trabajadores estatales deben someterse a un examen médico preocupacional antes de ingresar a la administración pública y sostuvo que debería existir un requisito similar para quienes ocupan los máximos cargos del Poder Ejecutivo.
El Tribunal Oral Federal N°5 condenó este lunes al exsecretario de Obras Públicas José López a 2 años y nueve meses de prisión en suspenso; al exsubsecretario Abel Fatala a 2 años y nueve meses; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente, por el desvío de más de 206 millones de pesos que el Estado había girado para construir viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros cuatro imputados.
El fallo fue dictado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, con disidencias.
El Gobierno promulgó la Ley 27.820 que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de este martes mediante el Decreto 1006/2026. Además, la nueva normativa establece que en el Jardín de la República se realizarán los actos centrales por el Día de la Independencia.
“Declárase a la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, como ‘Capital simbólica de la República Argentina’ todos los días 9 de julio de cada año”, puede leerse en el primer artículo de la nueva legislación.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento de Constitución donde cumple su condena e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.
La medida fue dispuesta por los jueces de la Sala IV del tribunal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
El fallo fue dictado en el tramo donde la Justicia pugna por ejecutar los bienes de la expresidenta para cumplir con el decomiso de 650 millones de dólares dispuesto por el tribunal que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Milei vs. Milei; el editorial de Carlos Pagni en Odisea Argentina (14/09/2026)Los expertos en marketing político, que proveen a los gobiernos y candidatos de instrumentos técnicos para mantenerse en el candelero y comunicarse con la opinión pública, sostienen que no hay momento que no esté atravesado por las campañas electorales. Más aún cuando se está en el poder. Todo el tiempo la política está en campaña. Siempre el dirigente político está pensando en la última razón de ser de su oficio: conseguir votos.
Cuando se está en el gobierno, la campaña se hace a través de la gestión. Es muy difícil para un oficialismo generar una imagen de sí mismo o comunicar algo distinto a lo que expresan sus medidas. Menos aún cuando se trata de política económica. Por eso el presidente Javier Milei, sabiamente, al ser consultado por la disputa política, alega ser su propio rival. Debe competir contra su propia administración y sus propias dificultades.
El proyecto mileísta corre con una desventaja competitiva: una oposición dura kirchnerista que llegará a 2027 con motivaciones recargadas para recuperar el poder. Un sistema de tres incentivos que hacen del próximo proceso electoral un escenario político novedoso, y por eso más impredecible. Primero, Vaca Muerta como una caja multimillonaria disponible como la política nunca tuvo. Segundo, una macroeconomía relativamente ordenada, con el ajuste electoralmente costoso ya realizado y los beneficios en marcha de una inflación a la baja: un contexto que le ha sido negado a los candidatos presidenciales de las últimas cinco elecciones, por lo menos. Tercero, un caballito de batalla kirchnerista: una disciplina electoral bien entrenada, capaz de suspender las internas feroces y alinearse detrás del poder en pos de recuperar la Presidencia, aunque no se sostenga a la hora de gobernar.
“Lo van a querer golpear con de todo”, es la visión de un empresario que votó a Milei en el balotaje, aunque no es mileísta. Para Milei y los libertarios, 2025 estuvo signada por “el golpismo” kirchnerista. En esa visión, el Congreso fue el ámbito de una lucha descarnada: el oficialismo insiste con interpretar las batallas legislativas por las emergencias en el Garrahan, la discapacidad y el financiamiento universitario como intentonas en contra del equilibrio fiscal, es decir, en contra del corazón del modelo mileísta. Esa conexión entre reordenamiento macroeconómico de la gestión Milei y gobernabilidad es la base para la interpretación oficialista de la avanzada parlamentaria opositora del año pasado. La ley de presupuesto que se debatirá en breve va a caer en la misma lógica política.
A través de un comunicado, el Gobierno anunció que aprobará mediante un decreto presidencial el nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que comenzará a regir a partir de 2027. Según detalló el Poder Ejecutivo, el objetivo será incorporar reglas permanentes para “profesionalizar” a quienes integran el sistema y se implementarán cambios, como ascensos por desempeño y valores de capacitación actualizados.
“Por primera vez, tendrá un proceso de ingreso abierto y transparente y una carrera profesional basada en parámetros objetivos. sentará las bases para construir un Cuerpo de Inteligencia integrado por los mejores perfiles, despolitizado y preparado para defender los intereses de la Argentina”, señaló.
Cuando faltan menos de dos meses para la visita del papa León XIV a la Argentina, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) le entregó al Sumo Pontífice un informe crítico de la gestión del presidente Javier Milei, en el que alerta sobre problemáticas como la pobreza, el endeudamiento familiar, la salud mental, los “discursos de odio”, la “criminalización de la protesta” y, en particular, la situación de los jubilados y los trabajadores.
El titular de la UTEP (la pata sindical de los movimientos sociales alineados, en su mayoría, con el peronismo) y dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo, llevó el diagnóstico al santo padre en una audiencia privada, luego del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en el que participaron organizaciones sociales y gremiales, que se realizó el sábado.
En el comienzo de una semana intensa a nivel legislativo y con importantes discusiones por delante, Javier Milei recibió desde las 15.30 en la Casa Rosada a los diputados y senadores de su espacio. Pese a que se especulaba con que la agenda del Congreso formaría parte del encuentro, que se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas, la charla se focalizó exclusivamente en temas económicos.
En el encuentro, de casi tres horas, el mandatario, según comunicaron en la Casa Rosada, “destacó los resultados alcanzados por el Gobierno y la importancia de sostener el rumbo económico”, en línea con lo que había hecho esta mañana en la reunión de Gabinete.
El exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, propuso la creación de una policía militar para el conurbano. Según sostuvo, el objetivo es modificar el esquema de seguridad vigente ante el crecimiento y la complejidad del delito.
Sobre el funcionamiento de esta fuerza federal, De La Torre explicó que dependería del gobierno nacional y no de las autoridades provinciales ni municipales y actuaría “en los municipios federalizados”.
La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra (PJ), sumó una nueva polémica tras haber nombrado, hace un mes, a su marido y exintendente, Jorge Ferraresi, en un cargo municipal. La jefa comunal inauguró una sala multimedia que lleva su nombre, en una escuela secundaria de la localidad de Gerli.
Sierra encabezó la inauguración de la sala multimedia de la escuela secundaria n.º 4, de Gerli, y escribió, en su cuenta de la red social Instagram: “Me emociona profundamente que hayan decidido ponerle mi nombre; es realmente un honor. Tenemos las mejores escuelas del país porque creemos que la educación pública es un derecho para todos y todas, y por eso debe tener la mejor calidad”.
El Reino Unido anunció que renovará sus aviones de guerra para reforzar la seguridad en las Islas Malvinas. Son cuatro aeronaves Typhoon que serán reemplazadas con radar de última generación y tecnología avanzada, utilizada por la OTAN. Así lo hizo saber el ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, Luke Pollard, ante una consulta en el Parlamento.
El ministro británico detalló que está previsto que “los cuatro aviones Typhoon, que forman parte del Escuadrón 1435, de la Tranche 1, actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.
La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, ensayó una clara defensa del gobierno de Javier Milei, pero volvió a tomar distancia de las posturas adoptadas por el jefe del Estado al destacar, en una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, su respeto por las libertades de prensa y de expresión y por la protección que la Constitución Nacional le otorga al ejercicio del periodismo.
Sin que nadie se lo preguntara –de hecho, estaba en su exposición inicial–, la senadora reconoció que había “discusiones respecto a la calidad institucional” y “cuestiones respecto a la prensa”, tras lo cual aseguró que no pensaba eludir dos temas que consideró “fundamentales: cuál es el límite del Ejecutivo respecto de los demás poderes y cuál es el límite del Ejecutivo respecto a un principio general que es la libertad de expresión”.